Qué establece el decreto
La norma fue firmada el 16 de octubre y publicada el 19 (Aviso N° 77328/26). Lleva la firma del presidente Javier Milei y del ministro de Defensa, Carlos Presti. Sus puntos principales son:
- Artículo 1: declara «secreto militar» las operaciones contractuales necesarias para las adquisiciones identificadas en el Expediente EX-2026-97868854-APN-SSGA#MD.
- Artículo 2: autoriza al Ministerio de Defensa, a través de la Subsecretaría de Gestión Administrativa, a adoptar los actos necesarios para aplicarlo.
- Publicidad: los organismos contratantes quedan exceptuados de las normas de publicidad y difusión del proceso.
En qué se apoya
El decreto invoca la Ley de Defensa Nacional (23.554), la Ley 24.948 de reestructuración y equipamiento de las Fuerzas Armadas y el Decreto 9390/63. Este último incluye las adquisiciones de material y sus trámites entre los asuntos de secreto militar. Según los fundamentos, difundir esa información podría afectar la seguridad nacional y los medios de defensa. Intervino la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Defensa.
Lo que el texto no dice
El decreto no menciona montos, proveedores, tipo de equipamiento, cantidades ni plazos de ejecución. Tampoco indica que se trate del programa de los F-16, según aclara La Nación. Por eso, cualquier afirmación sobre qué se compra por ahora es una especulación.
Antecedentes: el régimen del programa de los F-16
Según La Nación, el mecanismo ya se usó antes en el programa de los F-16:
- Abril de 2024: se declaró secreta la operación contractual para adquirir el sistema de armas.
- Septiembre de 2024: el régimen se extendió a obras de infraestructura y a la importación de materiales sensibles.
- Diciembre de 2024: se incorporaron equipos y capacidades complementarias.
- Agosto de 2026 (Decreto 735/2026): se fijaron medidas para proteger la información sobre la salida temporal de componentes para mantenimiento, reparación y actualización.
Por qué importa
El secreto militar permite compras sin publicidad del proceso, lo que el Gobierno justifica por razones de seguridad nacional. Al mismo tiempo, reduce la información pública disponible sobre el uso de fondos y las capacidades que se incorporan. Es un debate abierto entre seguridad y transparencia, y habrá que ver si el Gobierno o el Congreso dan más detalles.